Nuevas exigencias de la UAF 2025: un modelo más riguroso y estratégico para prevenir el lavado de activos

En una presentación organizada por EFA, el abogado y ex jefe de la dirección de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, explicó en detalle los cambios normativos y operativos que comenzarán a regir para instituciones financieras no bancarias, incluyendo empresas de factoring, leasing, confirming y fintechs, a partir de junio y julio de 2025.

Estas modificaciones no son menores. Representan un cambio profundo en el enfoque que la UAF exige a los actores del sistema financiero en Chile, con énfasis en la gestión activa de riesgos, la trazabilidad operativa y la responsabilidad directiva.

Cambios formales: nuevas normas, nuevos umbrales

Uno de los primeros ajustes tiene que ver con una recopilación actualizada de la normativa aplicable, incluyendo la modificación del umbral para operaciones ocasionales, que ahora requerirá mayor diligencia y trazabilidad. Este umbral, que define cuándo debe aplicarse debida diligencia en transacciones puntuales sin relación previa con el cliente, se ajustará para alinearse con estándares internacionales de control financiero.

Además, se adelantó que, a partir de julio de 2025, entrará en vigor la «Travel Rule» para fintechs, una disposición que exige que toda transferencia de activos virtuales vaya acompañada de los datos del emisor y receptor. Este requisito, ya vigente en otros países de la OCDE, busca prevenir el anonimato en movimientos financieros digitales que puedan usarse para el lavado de activos o financiamiento del terrorismo, dijo el abogado.

Aspectos operativos: el rol del Oficial de Cumplimiento se fortalece

La figura del Oficial de Cumplimiento se convierte en un pilar central del nuevo modelo. La normativa establece que esta persona debe tener acceso total e irrestricto a la información operativa, contacto directo con la administración de la empresa y contar con recursos materiales y humanos suficientes para cumplir su función.

Koch explicó que no se trata solo de cumplir formalmente con una designación, sino de garantizar que exista una supervisión real y eficaz del riesgo de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas (FP). El oficial será responsable no solo de monitorear, sino también de informar oportunamente y proponer medidas concretas para mitigar los riesgos detectados.

Detección de operaciones sospechosas

Uno de los cambios más exigentes es el nuevo proceso para la detección y documentación de operaciones sospechosas (ROS). Las empresas deberán implementar un sistema estructurado, documentado y analítico, que incluya:

  • Análisis del comportamiento de la operación
  • Identificación de intervinientes y beneficiarios finales
  • Registro de fuentes y antecedentes utilizados
  • Conclusiones justificadas y disponibles para fiscalización

Esto significa, dijo el experto, que ya no se podrá reportar una operación por mera sospecha genérica. Se requiere una trazabilidad documental robusta, que estará sujeta a revisión directa por parte de la UAF.

El nuevo centro del modelo

Tomás Koch sostuvo que quizás el cambio más estructural sea la exigencia de implementar una Política de Riesgos institucional, alineada con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR). Este enfoque implica que las entidades deberán identificar, clasificar y tratar los riesgos según su nivel (bajo, medio, alto), tanto para clientes como para productos, operaciones y canales.

El EBR debe estar fundamentado en las evaluaciones nacionales de riesgo publicadas por la UAF, las cuales alertan sobre amenazas emergentes como:

  • Robo de commodities (madera, cobre, productos del mar)
  • Robo violento de vehículos y comercialización ilegal
  • Delitos informáticos y fraudes digitales

Este modelo permite aplicar medidas de debida diligencia diferenciadas: simplificadas para operaciones de bajo riesgo y reforzadas para las de mayor exposición, con trazabilidad completa.

¿Qué implica todo esto para el ecosistema financiero no bancario?

Para muchas fintechs y entidades que financian pymes, estos cambios implican una mayor carga operativa y documental, pero también una oportunidad de madurar sus modelos de control. La UAF no solo está regulando: está empujando hacia una profesionalización del cumplimiento, más allá de la banca tradicional, aseguró el abogado.

Desde EFA, se valoró el enfoque de la UAF, destacando que estas medidas permiten elevar el estándar del sistema financiero alternativo y proteger tanto a los actores del mercado como a sus clientes.

El llamado es claro: no esperar a la vigencia legal en junio o julio de 2025, sino comenzar desde ya con los ajustes necesarios. Quienes anticipen esta transición no solo estarán en cumplimiento, sino que ganarán en confianza, reputación y estabilidad operativa.

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